Y Ahora ¿ Cómo es la legítima protesta?
Publicado el 22 de Noviembre de 2018
Fuente: www.rptnoticias.com
Artículo de opinión escrito por:
Oscar Sierra Fajardo
Twitter: @OSierrAbogado
Instagram: @OSierrAbogado
Cómo debe ser la legítima protesta en Colombia. Desde hace más de un mes los estudiantes de Universidades Públicas del país, vienen en un Paro Nacional, producto del presupuesto general de la Nación para el 2019, que según la comunidad universitaria, los recursos destinados para las universidades públicas, es ínfimo, puesto que, el Estado tiene una deuda de 18.2 billones de pesos con las instituciones encargadas de la educación superior pública, lo cual, se ve reflejado en el actual déficit fiscal de 15 billones de pesos, de acuerdo con los rectores de estas universidades, lo que ha obligado en años pasados a algunas de estas instituciones a cancelar semestres, y otras tengan dificultades para terminar el último semestre del presente año.
Es por esto que, los estudiantes presentaron un pliego de diez peticiones al Congreso de la República, en donde se resaltan: 3,2 billones para inversión, un plan de pago con plazo de una década, para cubrir la deuda histórica, el aumento del 100% del presupuesto dado al Colciencias, basado en el presupuesto asignado para esta entidad en 2018 y el respeto y garantías para la movilización, en donde se pide, la no prohibición de las movilizaciones y la no intervención del ESMAD y fuerza pública en cualquiera de los campus universitarios.
El pliego de peticiones, resulta bastante exigente para la capacidad presupuestal que actualmente tiene el Estado, por tanto el gobierno no ha logrado satisfacer ninguna de las peticiones.
El pasado 16 de octubre, los noticieros anunciaron el aumento de $500.000 millones de pesos para la educación educación superior, los cuales se destinarán a inversión de infraestructura, funcionamiento, gratuidad y línea de excelencia, pero que frente a los 15 billones de pesos que necesitan las instituciones públicas de educación, no son una cifra significativa.
Adicionalmente, el presidente Duque aseguró, que se tomaría 1 billón adicional del presupuesto bienal de regalías de petróleo, para cubrir parte de las necesidades que tienen las universidades públicas, medida que no satisface la principal e inmediata de esas necesidades, que son los gastos de funcionamiento, ya que, como aseguró la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, los recursos que se obtienen de regalías solo pueden ser dirigidos a inversión, además, estos recursos, provenientes de regalías, en muchas entidades territoriales ya están destinadas para cubrir importantes obligaciones estatales y a menos de que haya suficiente claridad de la destinación de estos recursos, y las proyecciones del petróleo se mantengan, esta propuesta, en el mejor escenario, puede tener éxito, con su efectiva implementación pero sin solucionar la crisis de las universidades públicas, o ser un gran fracaso, sin implementación y sin solución real a la crisis.
Esto ha generado que el Paro Nacional de Universitarios no haya terminado, contrario a esto, cada semana hemos presenciado diferentes movilizaciones estudiantiles en diferentes partes del país, algunos incluso se movilizan a pie desde sus regiones hasta la capital del país.
Una de las peticiones por parte de los estudiantes, que es el respeto hacia la protesta y la movilización estudiantil, ha sido la menos acatada por parte del gobierno, puesto que en las últimas semanas, se han presentado múltiples enfrentamientos entre la fuerza pública, el ESMAD y los estudiantes en medio de sus protestas.
Es importante tener en cuenta que, se han presentado casos de vandalismo, lo que en esos casos ha generado el uso de la fuerza por parte del gobierno, puesto que, el respeto hacia este tipo de movilizaciones se aplicable en los límites de la constitución y la ley.
Pero aquí hay un gran debate, puesto que la constitución de 1991 basada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que es un derecho fundamental, que cualquier integrante del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, tan solo la ley podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Ahora bien, el nuevo código de policía estipula varios límites y condiciones para la movilización, en su título VI, artículo 52 se afirma que, se prestará el servicio de vigilancia y seguridad dentro y fuera de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad u orden público, esto es reforzado en el artículo 53, en donde expresa que, toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta, además de ordenar el aviso al alcalde o gobernador, sobre el lugar, día y hora en donde se pretende llevar a cabo la movilización, pero este aviso debe luego tener la aprobación del alcalde o gobernador, de lo contrario, no es posible su realización.
Igualmente, en el artículo 56, con base en los estándares internacionales, asegura que la policía tiene como tarea garantizar los derechos de toda la ciudadanía que interviene en la movilización, haciendo, que el uso de la fuerza sea la última posibilidad de intervención, además, esta intervención debe estar sujeta al principio de proporcionalidad que de acuerdo con el artículo 8 del mismo código, se refiere a la proporción y el razonamiento que deben tener las medidas correctivas de la policía dando cuenta a las circunstancias que cada caso presente, es por esto que, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
Volviendo a las manifestaciones estudiantiles, y los actos de vandalismo que se han presentado, se puede decir que, el accionar coercitivo de la policía está justificado, ya que está en riesgo la seguridad y el orden público de los ciudadanos, pero, también es importante aclarar que, los líderes de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares)por medio de videos que registran muchas de las movilizaciones en donde estos grupos están presentes, han comprobado que la movilización estudiantil no apoya actos de vandalismo por tanto, las personas denominados “capuchos” que suelen llevar a cabo este tipo de acciones en contra de la seguridad y el orden público, no representan a los estudiantes, los líderes estudiantiles, aseguran que estos encapuchados son infiltrados, incluso, luego de la protesta del 15 de noviembre se despertó una gran polémica, luego de ver personas de civil, jóvenes y con maletas, que cualquier persona relacionaría con un estudiante, en motos de policías, estas fotos fueron opacadas por un vídeo del paro agrario del 2013 en donde habían personas de civil con agentes del ESMAD.
El problema aquí, es que el ESMAD ha tomado acciones coercitivas ante todas las movilizaciones estudiantiles de diferentes partes del país que han sido pacíficas, sin dar cuenta del principio de proporcionalidad y garantía de derechos de los manifestantes. Es increíble ver con que fuerza atacan a los estudiantes que con sus manos abiertas y en alto, gritan “sin violencia”, incluso, han atacado sedes de diferentes universidades públicas como la Universidad Nacional, en donde hay campamentos con protestas culturales.
El pasado 11 de octubre Noticias Uno, presentó el caso una estudiante de Ingeniería Ambiental de la CUN que en medio de las protestas pacíficas del 08 de octubre, recibió un disparo de goma en el ojo ocasionado por un agente del ESMAD, la estudiante, tuvo que someterse a dos cirugías para salvar su ojo.
Entonces, si bien hay o no infiltrados en las marchas estudiantiles, que provocan actos que atentan contra los límites que la ley considera para el respeto y el no accionar coercitivo en contra de las movilizaciones, la movilización estudiantil es pacífica, es un avance en la democracia participativa, que académicos consideran un reto, incluso una utopía en una sociedad, esto, toma fuerza en este generación de jóvenes, que están interesados intervenir y ser participantes activos en la toma de decisiones, incluso, la movilización estudiantil puede considerarse un intento por la creación de un presupuesto participativo en torno a la educación, que de haber existido unas décadas atrás, seguramente las instituciones de educación superior públicas, no estarían es esta penosa situación fiscal, por que es a partir de la identificación de necesidades por parte de los actores involucrados y afectados que se construyen presupuestos, con enfoques preventivos, de rendición de cuentas efectivos, con el compromiso de los ciudadanos en un trabajo conjunto con las instituciones para aportar a la superación de crisis.
El presidente Duque ahora tiene el reto de tomar esta gran oportunidad que representa un avance para nuestra democracia, o apagar coercitivamente la llama de la participación. Por otro lado, los actos vandálicos que no solo ponen en riesgo el orden público, sino también la integridad de los agentes de policía, como fue el caso del patrullero Oscar Ballesteros, quien fue victima de una bomba molotov lanzada por un encapuchado y que gracias a sus compañeros policías, no sufrió daños, estos actos, deben ser reprimidos con total severidad, es igualmente importante identificar a esos vándalos, para aplicar las correspondientes acciones correctivas contempladas en la ley, sin olvidar que solo son una minoría y no representan el grueso de la población estudiantil, que claman por un derecho legitimo y justo.
Tomado de: https://www.rptnoticias.com/2018/11/22/como-debe-ser-la-legitima-protesta-en-colombia/?fbclid=IwAR34-LwW-E0KpAAuXq5vn90SvFN_nV80xH-TIrT8mrw0gf3kbAZP6Z8cSZo
Linkedin: Oscar Sierra Fajardo
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Fuente: www.rptnoticias.com
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Oscar Sierra Fajardo
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Cómo debe ser la legítima protesta en Colombia. Desde hace más de un mes los estudiantes de Universidades Públicas del país, vienen en un Paro Nacional, producto del presupuesto general de la Nación para el 2019, que según la comunidad universitaria, los recursos destinados para las universidades públicas, es ínfimo, puesto que, el Estado tiene una deuda de 18.2 billones de pesos con las instituciones encargadas de la educación superior pública, lo cual, se ve reflejado en el actual déficit fiscal de 15 billones de pesos, de acuerdo con los rectores de estas universidades, lo que ha obligado en años pasados a algunas de estas instituciones a cancelar semestres, y otras tengan dificultades para terminar el último semestre del presente año.
Es por esto que, los estudiantes presentaron un pliego de diez peticiones al Congreso de la República, en donde se resaltan: 3,2 billones para inversión, un plan de pago con plazo de una década, para cubrir la deuda histórica, el aumento del 100% del presupuesto dado al Colciencias, basado en el presupuesto asignado para esta entidad en 2018 y el respeto y garantías para la movilización, en donde se pide, la no prohibición de las movilizaciones y la no intervención del ESMAD y fuerza pública en cualquiera de los campus universitarios.
El pliego de peticiones, resulta bastante exigente para la capacidad presupuestal que actualmente tiene el Estado, por tanto el gobierno no ha logrado satisfacer ninguna de las peticiones.
El pasado 16 de octubre, los noticieros anunciaron el aumento de $500.000 millones de pesos para la educación educación superior, los cuales se destinarán a inversión de infraestructura, funcionamiento, gratuidad y línea de excelencia, pero que frente a los 15 billones de pesos que necesitan las instituciones públicas de educación, no son una cifra significativa.
Adicionalmente, el presidente Duque aseguró, que se tomaría 1 billón adicional del presupuesto bienal de regalías de petróleo, para cubrir parte de las necesidades que tienen las universidades públicas, medida que no satisface la principal e inmediata de esas necesidades, que son los gastos de funcionamiento, ya que, como aseguró la Ministra de Educación, María Victoria Angulo, los recursos que se obtienen de regalías solo pueden ser dirigidos a inversión, además, estos recursos, provenientes de regalías, en muchas entidades territoriales ya están destinadas para cubrir importantes obligaciones estatales y a menos de que haya suficiente claridad de la destinación de estos recursos, y las proyecciones del petróleo se mantengan, esta propuesta, en el mejor escenario, puede tener éxito, con su efectiva implementación pero sin solucionar la crisis de las universidades públicas, o ser un gran fracaso, sin implementación y sin solución real a la crisis.
Esto ha generado que el Paro Nacional de Universitarios no haya terminado, contrario a esto, cada semana hemos presenciado diferentes movilizaciones estudiantiles en diferentes partes del país, algunos incluso se movilizan a pie desde sus regiones hasta la capital del país.
Una de las peticiones por parte de los estudiantes, que es el respeto hacia la protesta y la movilización estudiantil, ha sido la menos acatada por parte del gobierno, puesto que en las últimas semanas, se han presentado múltiples enfrentamientos entre la fuerza pública, el ESMAD y los estudiantes en medio de sus protestas.
Es importante tener en cuenta que, se han presentado casos de vandalismo, lo que en esos casos ha generado el uso de la fuerza por parte del gobierno, puesto que, el respeto hacia este tipo de movilizaciones se aplicable en los límites de la constitución y la ley.
Pero aquí hay un gran debate, puesto que la constitución de 1991 basada en el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, reconoce que es un derecho fundamental, que cualquier integrante del pueblo, puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente, tan solo la ley podrá limitar el ejercicio de este derecho.
Ahora bien, el nuevo código de policía estipula varios límites y condiciones para la movilización, en su título VI, artículo 52 se afirma que, se prestará el servicio de vigilancia y seguridad dentro y fuera de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas, cuando existan razones de fuerza mayor, seguridad u orden público, esto es reforzado en el artículo 53, en donde expresa que, toda reunión y manifestación que cause alteraciones a la convivencia podrá ser disuelta, además de ordenar el aviso al alcalde o gobernador, sobre el lugar, día y hora en donde se pretende llevar a cabo la movilización, pero este aviso debe luego tener la aprobación del alcalde o gobernador, de lo contrario, no es posible su realización.
Igualmente, en el artículo 56, con base en los estándares internacionales, asegura que la policía tiene como tarea garantizar los derechos de toda la ciudadanía que interviene en la movilización, haciendo, que el uso de la fuerza sea la última posibilidad de intervención, además, esta intervención debe estar sujeta al principio de proporcionalidad que de acuerdo con el artículo 8 del mismo código, se refiere a la proporción y el razonamiento que deben tener las medidas correctivas de la policía dando cuenta a las circunstancias que cada caso presente, es por esto que, se debe procurar que la afectación de derechos y libertades no sea superior al beneficio perseguido y evitar todo exceso innecesario.
Volviendo a las manifestaciones estudiantiles, y los actos de vandalismo que se han presentado, se puede decir que, el accionar coercitivo de la policía está justificado, ya que está en riesgo la seguridad y el orden público de los ciudadanos, pero, también es importante aclarar que, los líderes de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles (Acrees), la Unión Nacional de Estudiantes de la Educación Superior (Unees) y la Federación Nacional de Representantes Estudiantiles Colombianos (Fenares)por medio de videos que registran muchas de las movilizaciones en donde estos grupos están presentes, han comprobado que la movilización estudiantil no apoya actos de vandalismo por tanto, las personas denominados “capuchos” que suelen llevar a cabo este tipo de acciones en contra de la seguridad y el orden público, no representan a los estudiantes, los líderes estudiantiles, aseguran que estos encapuchados son infiltrados, incluso, luego de la protesta del 15 de noviembre se despertó una gran polémica, luego de ver personas de civil, jóvenes y con maletas, que cualquier persona relacionaría con un estudiante, en motos de policías, estas fotos fueron opacadas por un vídeo del paro agrario del 2013 en donde habían personas de civil con agentes del ESMAD.
El problema aquí, es que el ESMAD ha tomado acciones coercitivas ante todas las movilizaciones estudiantiles de diferentes partes del país que han sido pacíficas, sin dar cuenta del principio de proporcionalidad y garantía de derechos de los manifestantes. Es increíble ver con que fuerza atacan a los estudiantes que con sus manos abiertas y en alto, gritan “sin violencia”, incluso, han atacado sedes de diferentes universidades públicas como la Universidad Nacional, en donde hay campamentos con protestas culturales.
El pasado 11 de octubre Noticias Uno, presentó el caso una estudiante de Ingeniería Ambiental de la CUN que en medio de las protestas pacíficas del 08 de octubre, recibió un disparo de goma en el ojo ocasionado por un agente del ESMAD, la estudiante, tuvo que someterse a dos cirugías para salvar su ojo.
Entonces, si bien hay o no infiltrados en las marchas estudiantiles, que provocan actos que atentan contra los límites que la ley considera para el respeto y el no accionar coercitivo en contra de las movilizaciones, la movilización estudiantil es pacífica, es un avance en la democracia participativa, que académicos consideran un reto, incluso una utopía en una sociedad, esto, toma fuerza en este generación de jóvenes, que están interesados intervenir y ser participantes activos en la toma de decisiones, incluso, la movilización estudiantil puede considerarse un intento por la creación de un presupuesto participativo en torno a la educación, que de haber existido unas décadas atrás, seguramente las instituciones de educación superior públicas, no estarían es esta penosa situación fiscal, por que es a partir de la identificación de necesidades por parte de los actores involucrados y afectados que se construyen presupuestos, con enfoques preventivos, de rendición de cuentas efectivos, con el compromiso de los ciudadanos en un trabajo conjunto con las instituciones para aportar a la superación de crisis.
El presidente Duque ahora tiene el reto de tomar esta gran oportunidad que representa un avance para nuestra democracia, o apagar coercitivamente la llama de la participación. Por otro lado, los actos vandálicos que no solo ponen en riesgo el orden público, sino también la integridad de los agentes de policía, como fue el caso del patrullero Oscar Ballesteros, quien fue victima de una bomba molotov lanzada por un encapuchado y que gracias a sus compañeros policías, no sufrió daños, estos actos, deben ser reprimidos con total severidad, es igualmente importante identificar a esos vándalos, para aplicar las correspondientes acciones correctivas contempladas en la ley, sin olvidar que solo son una minoría y no representan el grueso de la población estudiantil, que claman por un derecho legitimo y justo.
Tomado de: https://www.rptnoticias.com/2018/11/22/como-debe-ser-la-legitima-protesta-en-colombia/?fbclid=IwAR34-LwW-E0KpAAuXq5vn90SvFN_nV80xH-TIrT8mrw0gf3kbAZP6Z8cSZo
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