Prevenir la pandemia en cárceles es urgente y requiere medidas novedosas: abogados penalistas.
Publicado el 29 de Marzo de 2020
Fuente: www.elespectador.com
Oscar Sierra Fajardo
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Prevenir la pandemia en cárceles es urgente y requiere medidas novedosas: abogados penalistas.
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Prevenir la pandemia en cárceles es urgente y requiere medidas novedosas: abogados penalistas.
Las cárceles se enfrentan al peligro inminente de un brote masivo de COVID-19. Aunque el Gobierno declaró la emergencia carcelaria hace una semana y prometió un decreto de excarcelación, el Colegio de Abogados Penalistas dice que la respuesta ha sido “demorada” y “poco novedosa”.
Diversas organizaciones han alertado al mundo de la necesidad de pensar
en las personas que se encuentran en cárceles en medio de la pandemia
del COVID-19. En Colombia, por ejemplo, el Colegio de Abogados
Penalistas de Colombia ha denunciado las graves consecuencias que tendría el virus
en cualquier cárcel, pues el hacinamiento en centros de reclusión en
nuestro país supera el 50%. El Gobierno ya decretó la emergencia
carcelaria hace una semana y prometió un decreto para excarcelar a miles
de personas, bien sea dándoles libertad o casa por cárcel, pero la
norma todavía no es oficial y lo que se ha conocido de ella, dicen los
abogados, no es nada novedoso.
“El día que haya un caso de coronavirus en una cárcel, es como meterle
un fósforo a paja seca”, le dijo a este diario el abogado Iván Cancino,
uno de los fundadores del Colegio. Por eso, le han presentado una serie
de recomendaciones al Gobierno de las posibles salidas a esta crisis.
“La respuesta del Gobierno, primero, ha sido demorada. Segundo, nos
hablan de una medida transitoria, que tendría efectos mientras dure la
pandemia. Y, tercero, lo que ha trascendido de lo que sería el decreto
no es para nada revolucionario ni novedoso, sino que es casi una
aplicación de la ley vigente”, añadió el abogado Santiago Trespalacios,
presidente del capítulo antioqueño de la misma agremiación de
penalistas.
La ministra de Justicia, Margarita Cabello ha explicado en medios de comunicación que
tienen planeado expedir un decreto que descongestione las cáreles en
los próximos días. La medida beneficiaría a personas privadas de la
libertad que sean mayores de 60 años, mujeres gestantes y lactantes o
con hijos menores de tres años; que padezcan enfermedades “graves”; con
movilidad reducida o que estén en situación de discapacidad. Además,
quienes han cumplido las 3/5 partes de la pena, quienes ya tienen orden
de libertad o de casa por cárcel pero que no se ha cumplido y las
personas que estén “a punto de salir”.
Sin embargo, se ha conocido que cada solicitud la tendría que revisar
un juez y que las medidas serían transitorias. Es decir, que, al pasar
la pandemia, las personas tendrían que volver a la cárcel. El presidente
del Colegio, el abogado y docente Francisco Bernate le dijo a El Espectador:
“Este decreto debería traer algo novedoso. Por ejemplo, nosotros hemos
demostrado que la legislación actual permite, en casos que haya riesgo
de motines, o riesgos para la salud, que el director de cada cárcel
ordene excarcelaciones. La excarcelación de las personas mayores de 65
años, o que hayan cumplido tres quintas partes de la condena se resuelve
con las normas que ya existen”.
Además, para Bernate, un decreto en los términos que ha planteado el
Gobierno hasta ahora sería “inaplicable”. El presidente del Colegio
explica que los juzgados de ejecución de penas y de garantías, que
tendrían a cargo revisar estas solicitudes de libertad o de prisión
domiciliaria, ya están colapsados: “Para que fuese aplicable y la gente,
de verdad, pudiera salir de la cárcel, se necesitarían, por lo menos,
50 juzgados nuevos, así sean transitorios. De lo contrario, con el
sistema judicial que tenemos ahorita, tramitar las 10.000 libertades de
las que se habla, se demoraría unos cinco años”.
Las propuestas
Pero en el Colegio también le han presentado un ramillete de salidas
al Gobierno. Por ejemplo, flexibilizar las condiciones para acceder a
casa por cárcel. Las normas en ya permiten a quien haya cumplido tres
quintas partes de su condena pedir prisión domiciliaria, pero el Colegio
propone que ese beneficio cobije a quienes han pagado ya la mitad o más
de la pena. “Y, además, pedimos que solo sea un requisito objetivo y no
subjetivo. Porque, hoy un porcentaje considerable de la población
carcelaria ha cumplido las 3/5 partes de la condena, pero el juez vuelve
y estudia la peligrosidad del delito que cometió, sin analizar si ya la
persona se resocializó o no”, explica Cancino.
Asimismo, los abogados ponen sobre la mesa que, a través del tiempo,
se ha ido alargando una lista de delitos sobre los cuales está prohibido
conceder beneficios como la domiciliaria. Algunos de estos son, por
ejemplo, el concierto para delinquir agravado, los delitos contra la
administración pública, la extorsión, entre muchos otros. “La lista de
excepciones a los subrogados penales —nombre técnico de estos
beneficios— es tan larga, que la excepción pasa a ser la lista de
delitos que sí pueden pedir subrogados”, explica Trespalacios.
or eso, sugieren acabar con esto. “Pedimos que modifiquen dos
artículos del Código Penal y del Código de Procedimiento Personal para
descongestionar las cárceles, porque estos artículos prohiben
expresamente los subrogados”, explica el secretario del Colegio, el
abogado Oscar Sierra Fajardo. Y, en el mismo sentido, sugieren una
maratón de revisión de vencimientos de términos. “para ver si hay lugar a
ordenar que la persona quede en libertad o se le sustituya la cárcel
por otra medida. Nuestra idea es que esto se lo puedan solicitar al juez
tanto la defensa, como la Fiscalía y la Procuraduría”, añade Sierra.
Sin embargo, tienen una preocupación latente y es que la crisis
carcelaria, que se ha agravado con la preocupación de un brote del nuevo
coronavirus, necesita soluciones urgentes. “La población penitenciaria
está expectante, desde hace ocho días que se decretó la emergencia
carcelaria, y no se les da ninguna solución”, asegura Bernate. “Estamos
entrando en un pico de la pandemia. Si no hacemos algo ya, sino que
esperamos 20 días, lo que vamos ya no es a prevenir, sino a echarle
pañitos de agua tibia”, añade Cancino. Y, para Sierra, “cada minuto que
pasa sin un decreto para la excarcelación masiva, es un minuto más que
se pierde en la lucha contra esta pandemia y es condenar a la población
carcelaria a la muerte, porque las condiciones actuales no permitirían
contener el coronavirus”.
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