“El COVID-19 no para, pero la Fiscalía pide una semana más”

Publicado el 3 de Abril de 2020
Fuente: www.elheraldo.co

Oscar Sierra Fajardo

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“El COVID-19 no para, pero la Fiscalía pide una semana más” 

 

Colegio de Abogados Penalistas de Colombia pide al Gobierno nacional celeridad para expedir decreto de excarcelación masiva.

A raíz de la pandemia que afecta al mundo y que en Colombia a la fecha hay más de 1.100 casos confirmados y 19 fallecimientos, el Colegio de Abogados Penalistas de Colombia hizo un nuevo llamado al Gobierno nacional para que expida, en el menor tiempo posible, el decreto que enviará a detención domiciliaria a reclusos adultos mayores, enfermos graves y mujeres embarazadas, entre otros.

Los abogados penalistas contrariaron a su vez la decisión de la Fiscalía General de la Nación que anunció la creación de un comité técnico para evaluar la eventual excarcelación masiva.

El ente investigador indicó que la próxima semana el comité técnico formulará las recomendaciones sobre la iniciativa de excarcelación, que serán socializadas con la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Superior de la Judicatura, los presidentes de las Altas Cortes y el Ministerio de Justicia.

Francisco Bernate Ochoa, presidente de la colectividad, señaló que siempre han llamado la atención sobre la urgencia y la necesidad de que la reglamentación en materia de excarcelación se haga en la mayor medida de lo posible, teniendo en cuenta que lo que está en juego son vidas humanas.

“Ya hoy sabemos que las cifras de los contagiados del COVID-19 no está actualizada al día por el tiempo que demoran las pruebas, de modo que es posible que ya haya algún brote dentro de las penitenciarías de Colombia y, en las circunstancias de salubridad en las que residen nuestros internos, ello significaría una verdadera tragedia”, manifestó el especialista en derecho penal.

 

El jurista dijo igualmente que el Colegio de Abogados cree que “no es el momento para las discusiones sobre comas, sobre puntos o sobre incisos”, sino que es el momento de tomar decisiones priorizando la vida, “y las vidas de nuestros detenidos también cuenta”.

Marlon Díaz, vicepresidente de la entidad, señaló al respecto que aunque la Constitución Política eliminó desde 2002 la posibilidad de que la Fiscalía General de la Nación pueda privar de la libertad a una persona, “sí es esa entidad la mayor impulsora del uso indiscriminado de la prisión en Colombia”.

Y afirmó que “no solo por todos los proyectos de ley regresivos y populistas que impulsa -exceptuando únicamente la Ley 1760 de 2015-, sino porque nunca cumple con el requisito de demostrar en un caso concreto por qué no son suficientes las medidas no privativas de la libertad o la domiciliaria, con el aval en muchos casos mediáticos de los jueces de garantías”.

Por eso, dijo el jurista, que no sorprende que ante la amenaza del alto riesgo de contagio del COVID-19 en personas privadas de la libertad, y entre ellas miles que podrían morir -como los mayores de 60 años y los enfermos-, “en lugar de coadyuvar medidas alternas a la detención y a la prisión que minimicen los efectos de la pandemia, prefieran empaparse apenas de que un millón de personas se contagiaron en el mundo y que decenas de miles han muerto para, coincidencialmente en Semana Santa, presentar su propuesta de viacrucis para los presos, ante las Altas Cortes que poco o nada tienen que ver con la situación”.

En igual sentido se pronunció el también abogado penalista Iván Cancino, quien se mostró “desconcertado” por la posición asumida por la Fiscalía, en el sentido de que formulará las recomendaciones sobre la iniciativa de excarcelación dentro de una semana.

“Un hombre de derechos humanos (Fiscal General), garantista, que no entiende que este tema es de urgencia, cualquier minuto o segundo perdido puede ser catastrófico, y no solo va a servir para controlar y mejorar el sistema sanitario penitenciario sino para darle justicia y dignidad al hacinamiento carcelario. No entiendo cómo se puede hablar de semana próxima o de comités, cuando la situación requiere una respuesta inmediata y además no está en cabeza de la Fiscalía sino del Ministerio de Justicia”, conceptuó el jurista, quien agregó que el Ministerio de Justicia no debe ni tiene que esperar una respuesta por parte del ente investigador, ya que es competencia de esa entidad expedir el decreto.

Finalmente, Oscar Sierra Fajardo, abogado penalista, consultor y docente, señaló que, si bien es cierto que la medida a tomar por parte del Gobierno nacional no debe responder a decisiones apresuradas que finalmente puedan resultar ineficaces, también lo es el hecho que esperar una semana para la expedición de la norma que contenga las condiciones de acceso al beneficio resulta “inadmisible”, teniendo presente, dijo el abogado, que el hacinamiento carcelario que hoy por hoy afecta a la mayoría de cárceles a nivel nacional, es uno de los principales factores de riesgo para la población Carcelaria cuya vida está bajo la tutela del Estado.

“Es indiscutible que la situación de riesgo es alarmante, que la implementación tardía de medidas que mitiguen el riesgo es, sin duda, una imposición implícita de condenas a muerte de forma indiscriminada. La Fiscalía General de la Nación, si bien debe tomar decisiones acertadas, también tiene que adecuarse al innegable nivel de premura que requiere esta situación, por lo que posponer una semana más la emisión de un decreto que contemple las condiciones de acceso al beneficio, implica a su vez una extensión en el plazo de implementación de una medida que, sin duda, requiere un esfuerzo inmediato de la administración de justicia a nivel nacional”, concluyó el jurista.

Con la expedición del decreto por parte del Gobierno nacional se espera que entre 4 mil y 15 mil detenidos sean cobijados con casa por cárcel. De acuerdo con las cifras, 6 mil reclusos son mayores de 60 años.

Tomado de: https://www.elheraldo.co/colombia/el-covid-19-no-para-pero-la-fiscalia-pide-una-semana-mas-714737

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